Por. Dr. Roberto Sotto Santana
En la madrileña plaza de Quito,
junto al Paseo de La Habana, está situado el monumento dedicado a la memoria
del Apóstol de la Independencia de Cuba. La obra se instaló allí en 1986,
previo ofrecimiento y entrega a la Villa y Corte española por parte del
Gobierno comunista de Cuba, que había encargado la escultura (un monolito de
siete y medio metros de altura, con la efigie figurativa de José Martí y una
estrella de cinco puntas en su fachada, así como unas citas martianas y una
dedicatoria en sus lados) al escultor José Villa Soberón y al arquitecto Rómulo
Fernández Villoldo.
En Cuba, el Sr. Villa Soberón es miembro de la Unión Nacional de Escritores
y Artistas (UNEAC) y del Consejo Científico del Instituto Superior del Arte
(ISA). Ha sido Decano –durante tres años- de la Facultad de Artes Plásticas, en
el Departamento de Escultura del ISA. Ha recibido varios premios de la
burocracia del Régimen castrista, tales como la Distinción por la Cultura
Nacional, y es autor de numerosas esculturas situadas a lo largo de la Isla
(tales como la Escultura sita en el Palacio Central de los Pioneros en La
Habana y dedicada en 1982 al aventurero internacional Ernesto Che Guevara (de
triste recuerdo para las víctimas de los llamados Tribunales Revolucionarios, a
cuyo frente estuvo en la implacable etapa inicial, dirigida a la liquidación
física inmediata, por fusilamiento, de toda la oposición al comunismo. En el
Fondo Pictórico de la Universidad del País Valenciano se encuentra su obra
“Homenaje a Wifredo Lam”.
El arquitecto Rómulo Fernández Villoldo ha
ostentado, en su palmarés de
paniaguado del entramado institucional con el que el Régimen castrista
encorseta la cultura en Cuba, el cargo de Presidente de la Sección de Diseño
Ambiental de la Asociación de Artistas Plásticos, integrada en la UNEAC.
El gesto de ofrecimiento y
subsiguiente entrega de este monumento a la ciudad de Madrid por parte del
Gobierno comunista de Cuba tuvo lugar en el marco de la intensificación de la
colaboración económica -y del acercamiento en todos los sentidos- con Cuba
puesta en marcha por el gobierno socialista presidido por Felipe González a
partir de su victoria electoral de 1982, y coincidió especifica e
ilustrativamente en el tiempo con la firma, (1) con fecha del 3 de octubre de
1985, del Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial entre los Gobiernos de
España y Cuba, y (2) con fecha del 16 de noviembre de 1986, del Convenio sobre
la Indemnización por los bienes de españoles afectados por las leyes,
disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba a
partir del 1 de enero de 1959.
Debe recordarse que, en los términos
del Convenio de 1986, el Gobierno de Cuba acordó pagar, y el Gobierno de España
aceptó recibir, la cantidad neta de 5.416 millones de pesetas (el equivalente de los actuales 32.550.815
euros) “como liquidación y finiquito de la indemnización por todos los bienes,
derechos, acciones e intereses de las personas naturales y jurídicas de
nacionalidad española que han resultado afectadas por leyes, disposiciones y
medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba desde el 1 de enero de
1959 hasta la fecha de la firma del presente Convenio, ambas inclusive”.
La parte cubana se comprometió a
pagar 1.805.333.288 pesetas (10.850.271,59 euros) en efectivo, en plazos
semestrales de 60.177.776 pesetas (361.675,71 euros); y 3.610.666.712 pesetas
(21.700.543,99 euros) en mercancías a determinar cada año, en plazos anuales de
aproximadamente 240.711.114 pesetas (1.446.702,93 euros).
El pago por parte cubana de la parte
de la indemnización en efectivo quedó repartido, así, a lo largo de un plazo de
30 años; y la liquidación de la parte de la indemnización a pagar en especie,
es decir en mercancías, quedó aplazada a lo largo de un periodo de 15 años.
Según el Artículo V del citado
Convenio de 1986, el Gobierno de España se comprometió, una vez efectuado el
pago total de la cantidad global pactada de 5.416 millones de pesetas, “a no
presentar ni mantener ante el Gobierno de Cuba o ante una instancia arbitral o
judicial las posibles reivindicaciones de las personas naturales o jurídicas
españolas relativas a los bienes, derechos, acciones e intereses a que se
refiere” el citado Convenio.
En octubre de 1994, el Gobierno
español dotó un fondo por el equivalente de 40 millones de dólares para pagar
las indemnizaciones reconocidas a 3.801 ciudadanos españoles. Alrededor de
1.100 solicitudes fueron rechazadas por falta de documentación o por su
presentación fuera de plazo.
¿Es de extrañar este gesto del
Gobierno comunista de Cuba, de donar un busto de José Martí a la Villa de
Madrid, cuando el Gobierno español se hizo cargo de desembolsar el equivalente
de 40 millones de dólares (al cambio del año 1994), con cargo a los impuestos
pagados por los contribuyentes españoles, para indemnizar a precio de saldo las
inversiones de ciudadanos españoles
expropiadas por el Gobierno de Cuba entre 1959 y 1986 –las que valían
inconmensurablemente más-?
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