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miércoles, 1 de abril de 2020

José Martí en la estatuaria municipal de Madrid




Por. Dr. Roberto Sotto Santana

           En la madrileña plaza de Quito, junto al Paseo de La Habana, está situado el monumento dedicado a la memoria del Apóstol de la Independencia de Cuba. La obra se instaló allí en 1986, previo ofrecimiento y entrega a la Villa y Corte española por parte del Gobierno comunista de Cuba, que había encargado la escultura (un monolito de siete y medio metros de altura, con la efigie figurativa de José Martí y una estrella de cinco puntas en su fachada, así como unas citas martianas y una dedicatoria en sus lados) al escultor José Villa Soberón y al arquitecto Rómulo Fernández Villoldo.
            En Cuba, el Sr. Villa Soberón es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas (UNEAC) y del Consejo Científico del Instituto Superior del Arte (ISA). Ha sido Decano –durante tres años- de la Facultad de Artes Plásticas, en el Departamento de Escultura del ISA. Ha recibido varios premios de la burocracia del Régimen castrista, tales como la Distinción por la Cultura Nacional, y es autor de numerosas esculturas situadas a lo largo de la Isla (tales como la Escultura sita en el Palacio Central de los Pioneros en La Habana y dedicada en 1982 al aventurero internacional Ernesto Che Guevara (de triste recuerdo para las víctimas de los llamados Tribunales Revolucionarios, a cuyo frente estuvo en la implacable etapa inicial, dirigida a la liquidación física inmediata, por fusilamiento, de toda la oposición al comunismo. En el Fondo Pictórico de la Universidad del País Valenciano se encuentra su obra “Homenaje a Wifredo Lam”.
            El arquitecto Rómulo Fernández Villoldo ha ostentado, en su palmarés de paniaguado del entramado institucional con el que el Régimen castrista encorseta la cultura en Cuba, el cargo de Presidente de la Sección de Diseño Ambiental de la Asociación de Artistas Plásticos, integrada en la UNEAC.
            El gesto de ofrecimiento y subsiguiente entrega de este monumento a la ciudad de Madrid por parte del Gobierno comunista de Cuba tuvo lugar en el marco de la intensificación de la colaboración económica -y del acercamiento en todos los sentidos- con Cuba puesta en marcha por el gobierno socialista presidido por Felipe González a partir de su victoria electoral de 1982, y coincidió especifica e ilustrativamente en el tiempo con la firma, (1) con fecha del 3 de octubre de 1985, del Acuerdo de Cooperación Económica e Industrial entre los Gobiernos de España y Cuba, y (2) con fecha del 16 de noviembre de 1986, del Convenio sobre la Indemnización por los bienes de españoles afectados por las leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba a partir del 1 de enero de 1959.
            Debe recordarse que, en los términos del Convenio de 1986, el Gobierno de Cuba acordó pagar, y el Gobierno de España aceptó recibir, la cantidad neta de 5.416 millones de pesetas  (el equivalente de los actuales 32.550.815 euros) “como liquidación y finiquito de la indemnización por todos los bienes, derechos, acciones e intereses de las personas naturales y jurídicas de nacionalidad española que han resultado afectadas por leyes, disposiciones y medidas dictadas por el Gobierno de la República de Cuba desde el 1 de enero de 1959 hasta la fecha de la firma del presente Convenio, ambas inclusive”.
            La parte cubana se comprometió a pagar 1.805.333.288 pesetas (10.850.271,59 euros) en efectivo, en plazos semestrales de 60.177.776 pesetas (361.675,71 euros); y 3.610.666.712 pesetas (21.700.543,99 euros) en mercancías a determinar cada año, en plazos anuales de aproximadamente 240.711.114 pesetas (1.446.702,93 euros).
            El pago por parte cubana de la parte de la indemnización en efectivo quedó repartido, así, a lo largo de un plazo de 30 años; y la liquidación de la parte de la indemnización a pagar en especie, es decir en mercancías, quedó aplazada a lo largo de un periodo de 15 años.
            Según el Artículo V del citado Convenio de 1986, el Gobierno de España se comprometió, una vez efectuado el pago total de la cantidad global pactada de 5.416 millones de pesetas, “a no presentar ni mantener ante el Gobierno de Cuba o ante una instancia arbitral o judicial las posibles reivindicaciones de las personas naturales o jurídicas españolas relativas a los bienes, derechos, acciones e intereses a que se refiere” el citado Convenio.
            En octubre de 1994, el Gobierno español dotó un fondo por el equivalente de 40 millones de dólares para pagar las indemnizaciones reconocidas a 3.801 ciudadanos españoles. Alrededor de 1.100 solicitudes fueron rechazadas por falta de documentación o por su presentación fuera de plazo.
            ¿Es de extrañar este gesto del Gobierno comunista de Cuba, de donar un busto de José Martí a la Villa de Madrid, cuando el Gobierno español se hizo cargo de desembolsar el equivalente de 40 millones de dólares (al cambio del año 1994), con cargo a los impuestos pagados por los contribuyentes españoles, para indemnizar a precio de saldo las inversiones de  ciudadanos españoles expropiadas por el Gobierno de Cuba entre 1959 y 1986 –las que valían inconmensurablemente más-?

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