por Roberto Soto
Santana (de la Academia de la Historia de Cuba -Exilio)
En
1868, el Departamento Oriental de la Isla comprendía ocho jurisdicciones
(Santiago de Cuba, Guantánamo, Baracoa, Jiguaní, Bayamo, Manzanillo, Tunas y
Holguín).
La
jurisdicción de Cuba, con capital en Santiago –que a su vez lo era de todo el
Departamento-, estaba a cargo de un Teniente Gobernador investido de la suprema
autoridad militar y civil, el General Joaquín Ravenet, quien ejercía el mando
de una guarnición de alrededor de 1,1oo soldados, de los cuales 74o eran de
infantería y el resto de caballería[i]. Dicho sea de paso, el
General Ravenet también fungía como Vice-real patrono de la Iglesia en el Departamento,
presidente de las juntas departamentales de Fomento, Fortificación, Sanidad,
Instrucción Pública y Beneficencia, así como de presidente nato del
Ayuntamiento y de la sub-Delegación de Hacienda.
Según
las estimaciones de 1861 y 1862, la población de la jurisdicción constaba de
27,743 vecinos contados como blancos, 35,842 negros y mestizos libres, y 32,443
mestizos y negros esclavos[ii].
Por
otra parte, los 37 sublevados en La Demajagua el 10 de octubre de 1868,
provistos apenas de algunas armas ligeras, comprendían a hacendados y
ganaderos, y profesionales acomodados, en inferioridad numérica en una
proporción de 30 a
1 respecto de la guarnición disponible en la capital del Departamento.
En
su obra de 1859 “Una contribución a la crítica de la Economía Política”, Karl
Marx escribió que “los hombres inevitablemente establecen relaciones
determinadas, que son independientes de su voluntad, a saber, relaciones de
producción adecuadas a una etapa dada en el desarrollo de sus fuerzas
materiales de producción. La suma de estas relaciones de producción constituye
la estructura económica de la sociedad, la fundación real sobre la que se erige
una superestructura legal y política y a la que corresponden determinadas
formas de la conciencia social. El modo de producción de la vida material
condiciona el proceso general de la vida social, política e intelectual. No es
la conciencia de los hombres la que determina su existencia, sino su existencia
social la que determina su conciencia”.
Si
esta concepción determinista de la Historia fuera válida en todo momento y
lugar, no hubieran encabezado el alzamiento los firmantes del “Manifiesto de la
Junta Revolucionaria de la Isla de Cuba, dirigido a sus compatriotas y a todas
las naciones”[iii]
–que ponían en peligro inmediato de extinción sus vidas, familias y haciendas[iv]-. De conformidad con los
encasillamientos marxistas, desde el primer momento deberían haber figurado al
frente de la sublevación los esclavos y los blancos, mestizos y negros libres
situados en el extremo más menesteroso y oprimido de la pirámide social; aunque
inmediatamente muchos de estos últimos se incorporaron a la lucha con las armas
en la mano, pero sucedió que fueron los blancos pudientes libres los que
encendieron la mecha y se echaron primero a los campos de batalla. Lo que
demuestra que la conciencia también puede modificar una existencia social dada
y hasta crear otra nueva, y que los sentimientos de dignidad y patriotismo no
son exclusivos ni distintivos de ningún estamento social en particular.
La
apreciación de que esto sucedió así la expresó el general Camilo García de
Polavieja, marqués de Polavieja, en una carta remitida en 1879 al general
Blanco, en la cual aquél decía que “Si
hemos de tener en cuenta que la insurrección de Cuba en el año 1868 no fue
producida por la miseria, por el exceso de contribuciones ni por la tiranía del
gobierno, pues estalló en el año de más apogeo en la riqueza de esta isla, en
país en que eran cortísimas las contribuciones que se pagaban, y en el que, por
ende, se gozaba de una gran libertad práctica; si además no se olvida que la
guerra fue promovida y sostenida por la mayoría de las clases opulentas y bien
acomodadas, naturales del país, que arrastraron tras sí por su natural
influencia a la proletaria y esclava, que le dieron soldados; si resulta
forzosamente de lo expuesto que el alzamiento de Yara debió obedecer, y
obedeció, únicamente y exclusivamente, a un prematuro sentimiento de
independencia que, más vivaz en las gentes letradas por su educación en los Estados
Unidos y en las lecturas de las campañas de independencia del continente
americano, motivó que fueran las que lo tradujeran en hechos, lanzándose las
primeras al movimiento insurreccional; si tampoco debe perderse de vista que
sobre sentir, ante todo, el cubano, que las corrientes de ideas vienen a Cuba,
no de la lejana España, sino del vecino continente...¨ (citado en
referendumparacubaya.blogspot.com –por supuesto, aun descontando, lo que
tampoco era cierto, que no hubiese una gran penuria económica, no es de recibo
que existiera “una gran libertad práctica” porque entonces la insurrección y
los diez años de guerra que le sucedieron habrían sido obra de un desvarío, en
vez de lo que fue: el último recurso ante la opresión no solo de la Administración
sino de toda la sociedad colonial-).
La historiografía cubana muestra
los dos enfoques, no radicalmente enfrentados (pues ambos buscan su fundamento
en los hechos históricos) pero sí disímiles en su sesgo interpretativo: el positivista, encarnado por
Vidal Morales y Morales (1848-1904),
Ramiro Guerra (1880-1970), Fernando Ortiz (1881-1969), Néstor Carbonell Rivero (1883-1966), Emilio Roig de Leuchsenring (1889-1964)
–de quien Carlos Rafael Rodríguez dejó escrito que “nunca fue un marxista: Cuando la influencia formadora del
marxismo llegó a nosotros, ya él – todavía en plena juventud- había quedado
formado en concepciones del radicalismo liberal que, aunque no contradictorias
con la esencia del pensamiento de Marx, Engels y Lenin, configuraba ya, definitivamente,
sus puntos de vista”.–Vid. “Letra con Filo”, T. III. Editora Ciencias Sociales.
Pág. 435-, Leví Marrero
(1911-1995), Hermino Portell Vilá
(1901-1992), Edilberto Marbán
(1907-1991), Emeterio Santovenia
(1889-1968), Benigno Souza
(1872-1954), Manuel Moreno Fraginals (1920-2001),
René León
(1935- ), Louis A. Pérez (1943- ) y Rafael Rojas (1965- ); y el marxista,
representado por Sergio Aguirre Carreras (1914-1993), José Antonio
Portuondo (1911-1996), Fernando Portuondo (1903-1975), Hortensia
Pichardo (1904-2001), Julio Le Riverend Brusone (1912-1998), Jorge Castellanos (1915-2011), Julio
Ibarra Cuesta (1931- ), Eduardo Torres Cuevas (1942- ) y Jesús Guanche Pérez (1950- ).
En
cuanto al origen de la que después se conoció como “Guerra Larga” (1868-1878) o
más comprensivamente “Guerra Libertadora Cubana de los Treinta Años” (1868-1898),
ha escrito Ramiro Guerra[v] que “España gobernaba a
Cuba con un ensangrentado brazo de hierro. La metrópoli se arrogaba la facultad
de imponer tributos y contribuciones; atentaba contra la seguridad de las
propiedades y privaba a la Isla de libertad civil, política y religiosa. Con
mengua de los tribunales civiles, los cubanos veíanse expulsados de su patria a
extraños climas, o ejecutados sin forma de proceso, por comisiones militares
establecidas en plena paz. No existía forma legal alguna de ejercer el derecho
de reunión, como no fuese bajo la presidencia de jefes militares. Toda petición
de remedio de los males públicos se juzgaba como un acto de disimulada rebeldía.
Privado de las libertades humanas esenciales, el cubano hallábase constreñido a
callar y obedecer”.
Llevaban
más de cuarenta años en vigor las facultades omnímodas otorgadas a los
Capitanes Generales de la Isla en tiempos del general Dionisio Vives[vi].
La
Junta de Información de Ultramar, formada en octubre de 1866 por representantes
españoles electos de Cuba y Puerto Rico, había sido desairada al ser ignoradas
sus propuestas de reforma tributaria en Cuba basadas en “la supresión de los
tributos odiosos y de los denominados de aduanas, y la sustitución de los
mismos por uno directo basado en las rentas de la propiedad urbana y rural y en
las utilidades del comercio y la industria…”
Rompiendo las negociaciones con la Junta, el Gobierno de Madrid impuso el
Real Decreto 12 de febrero de 1867, con entrada en vigor el 1 de julio del
mismo año, por el cual se reemplazó una serie de exacciones (los derechos de
exportación, las alcabalas de esclavos, de fincas, de ganado y remates, el
diezmo, la manda pía forzosa, el impuesto sobre salinas, los portazgos, el
derecho único y fijo de almacenes y tiendas, las medias anatas seculares, el
estanco de gallos, el derecho de consumo de ganados y el derecho de costas
procesales) por un impuesto de nueva creación (sobre las utilidades de la
industria, las artes, las profesiones y el comercio, por cuotas con arreglo a
tarifas, fijas o proporcionales7). Pero
se mantuvieron los derechos de aduanas, que gravaban al consumo. Todo lo cual,
en términos netos, terminó perjudicando a la clase comerciante.
Como
señaló Vidal Morales y Morales8, “el
Estado, que le imponía a esta colonia en el año de 1868, un prespuesto de
gastos de cerca de cincuenta millones de escudos, o sea veinticinco millones de
pesos, no invertía un solo centavo en la instrucción primaria” –Isla de Cuba.
Presupuestos generales de ingresos y gastos para el año de 1868 a 1869-. “Este solo
hecho”, como apostillaba Morales, “hubiera bastado para justificar la
Insurrección”.
El
autor de “Nociones de Historia de Cuba”, el primer libro de texto sobre la
materia que fue utilizado en las escuelas de la recién nacida República,
también dejó constancia de otras muestras del ambiente asfixiante de la Colonia
para cualquier cubano que pensara pero se veía permanentemente impedido de
hablar. Véanse las siguientes perlas.
“Después
de la década floreciente de 1830
a 1840, que fue la edad de oro de nuestra modesta
historia literaria,…la generación subsecuente perdió sus bríos durante el
terror que imperó en la colonia en los tiempos en que duramente rigieron sus
destinos Tacón, O’Donnell y Concha”.
“La
obra del insigne barón de Humboldt titulada Ensayo político de la Isla de Cuba
no pudo circular libremente en este país. Era una obra bajo ciertos aspectos
apreciabilísima, decía en 1827 el Ayuntamiento al Gobierno, pero sobre manera
peligrosa entre nosotros, por las opiniones de su autor acerca de la
esclavitud, y más que todo por el cuadro tanto más terrible, cuando es más
cierto que presenta a las gentes de color su inmensa fuerza en esta Isla y su
preponderancia decisiva en todas las Antillas y las costas del continente que
nos cerca”.
La
“Revista Bimestre”, que se había comenzando a publicar en 1831 como órgano de
la Comisión Permanente de Literatura de la Sociedad Económica de Amigos del
País, y que desde abril de 1832 pasó a ser dirigida por José Antonio Saco, dejó
de editarse tras la supresión de la Academia Cubana de Literatura y la marcha
al destierro de su Director.
Existía
la previa censura sobre todo lo que se tenía intención de publicar (fuera
libro, periódico o anuncio) y, con respecto al Faro Industrial, un diario que
se publicó entre 1841 y 1851, los censores regios, en un informe al Gobierno,
“le dijeron una vez que se había hecho notable, más por lo que callaba que por
lo que publicaba, recordando con tal motivo el silencio que dicho papel había
guardado sobre algunas de las recientes glorias militares de España en el mundo
marítimo, reticencias que lo hacían muy sospechoso…por lo que casi creía que
podía haber en El Faro manos enemigas que escribían en él, cuyas ideas eran
perniciosas”. El Capitán General Concha suspendió su publicación, y su decisión fue aprobada por Real Orden de 16
de octubre de 1851. ¡Y eso que el diario sólo era “sospechoso” de que manos
enemigas con ideas perniciosas escribieran en él!
La
censura, que en 1858 pasó a ser ejercida por un oficial de la Secretaría del
Gobierno Superior Civil, fue facultada por Real Orden del 12 de agosto de ese
año “para no exponer los motivos en que fundaban las prohibiciones que
dictaban”.
La
circulación en la Isla de la “Revista de España y de sus posesiones de
Ultramar” fue prohibida en 1851 “porque sus propósitos eran reformistas, y
pedía la representación de estas provincias en el parlamento español” a la vista
de lo cual dicha publicación “era contraria a la buena política: que las
Américas no se hicieron independientes por su soñada falta de concesiones y
garantías, sino precisamente en los instantes mismos en que fueron llamadas a
la representación nacional y a la participación igual con la metrópoli en todos
los derechos civiles y políticos. Esto demuestra, decían, que el sistema de
concesiones no ha formado hombres pacíficos y leales, sino revolucionarios e
ingratos”.
“La
Aurora” y otros periódicos integristas, tales como “El Diario de la Marina” y
la “Prensa de La Habana”, atacaban continuamente al periódico reformista “El
Siglo”, que se comenzó a publicar en 1864 bajo la dirección del Conde de Pozos
Dulces, “so pretexto de que sus predicaciones causaban espanto a cuantos tenían
algo que perder en Cuba para cuya desventura y ruina, decían, se publicaba El
Siglo”, para el cual llegaron varias veces a pedir “la hopa sangrienta de los
parricidas”.
Y
hasta en una ocasión el censor llegó a prohibir a cajas destempladas la
publicación de una poesía de Joaquín Lorenzo Luaces titulada “Invitación al
trabajo y a la concordia”, diciéndole a los amigos del poeta que le habían
traído la composición: “¡Basta, basta! Llévense ustedes eso inmediatamente, y
díganle al Sr. D. Joaquín Lorenzo que,
siéndome muy conocida su afición a cantar asuntos tan escabrosos, no sé cómo se
atreve a continuar haciendo versos así y a intentar su publicación. En todas
sus poesías se trasluce el amor a la independencia, su odio a España, sus ideas
revolucionarias, por más que pretenda disfrazarlas y ocultarlas, escogiendo
temas de la Biblia, de la historia de Grecia, de la de Irlanda o de la de
Polonia…Díganle que lo que es a mí no me engañan ni él, ni Fornaris, con sus
indios siboneyes. Ambos son unos filibusteros…A Luaces, que se contente con sus
anacreónticas, y esas, con mucho cuidado”.
4 Solo Francisco Vicente
Aguilera era dueño en 1868 de propiedades valoradas en 3 millones de pesos (10,000 caballerías de tierra, en las
que tenía ingenios, potreros, haciendas de ganado, almacenes de azúcar,
corrales, vegas de tabaco, estancias, viviendas y, además, quinientos esclavos,
aparte de emplear a varios centenares de jornaleros). [Leví Marrero. “Economía
y Sociedad”, Madrid, 1992, tomo 15, pág.266]
6 Instauradas por Real Decreto de 25 de mayo de 1825, que otorgó al
Capitán General “todo el lleno de las facultades que por reales ordenanzas se
conceden a gobernadores de plazas sitiadas”, pudiendo incluso dejar sin efectos
reales cédulas. Este régimen fue confirmado por Reales Ordenanzas de 21 y 26 de
mayo de 1834, y se mantuvo vigente hasta la firma de la Paz del Zanjón (el 10
de febrero de 1878). Vid. http://www.ecured.cu/index.php/Facultades_omn%C3%ADmodas_a_los_Capitanes_Generales
.
No obstante lo que dice el prof.
titular de Historia de América de la Universidad del País Vasco, D. Juan B.
Amores Carredano en su ensayo sobre “Las Reformas de la Administración Local en
Cuba (1765-1845)”(http://www.ehu.es/bosco.amores/publicaciones/038reformas_administracion_local.pdf),
de que no se puede hablar de un ejercicio despótico o tiránico del gobierno por
el Capitán General, y que, a pesar de que el decreto "de facultades
omnímodas", nunca se llegó a suspender en Cuba, el ejercicio de la
jurisdicción ordinaria siguió corrrespondiendo a los correspondientes
tribunales, así como que desde 1802 existía en la isla una Real Audiencia a la
que eran apelables en segunda instancia todas las decisiones y sentencias de
los demás tribunales, incluido el del capitán general, salvo los relativos al
fuero militar, lo cierto y verdadero es que la Comisión Militar Ejecutiva y
Permanente siguió enjuiciando y pronunciando severísimas sentencias amparándose
precisamente en el fuero militar, como la pena de muerte que dictó contra
el catalán Ramón Pintó. -Vid. “Iniciadores y primeros mártires de la Revolución
Cubana”, tomo III, pág.38, por Vidal Morales y Morales, con introducción por
Fernando Ortiz y biografía por Rafael Montoro, Colección de Libros Cubanos,
Vol. XXVI, La Habana, 1931-.
Así, el
Boletín de la Prensa de La Habana, del 22 de marzo de 1855, dio cuenta de
que “Condenado don Ramón Pintó a la pena de muerte en
garroıte vil por la causa de conspiración contra el Estado, fallada por la
Comisión Militar permanente de esta isla, en Consejo deı guerra celebrado el
sábado, 10 del actual, y confirmada la sentencia, fué trasladado desde el
castillo de la Punta, en que se hallaba preso, a la Real Cárcel en la mañana
del miércoles, y puesto en capilla en aquel edificio a las 7 de dicha mañana,
para ser ajusticiado a la misma hora de la mañana de
hoy jueves, como efectivamente lo ha sido”.
7 “El Sistema Tributario
Cubano”, Cristian-Óliver Lucas Mas, Tesina doctoral, Universidad de Barcelona,
mayo 2002, en http://www.lchlegal.com/publicaciones/el-sistema-tributario-cubano.pdf
.
8 “Hombres del 68” , pág.33. Editorial de
Ciencias Sociales, La Habana, 1972.
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