por Roberto Soto Santana, de la Academia de la
Historia de Cuba (Exilio)
-primera parte, de tres-
Legalidad, a secas, es
sinónimo del ordenamiento jurídico vigente. Conviene aclarar que la clase de
legalidad cuyo retorno predicamos para Cuba es aquélla que esté dotada de
legitimidad, es decir, investida de Justicia. Porque todos los regímenes
políticos que en el mundo han sido han impuesto su propia legalidad; pero otra
cosa es que esa legalidad haya gozado de legitimidad o licitud, o sea, de
fuerza moral de obligar con arreglo a justicia y razón.
Históricamente, desde su
descubrimiento y conquista iniciados en
1492, Cuba estuvo regida por Gobernadores designados por el Rey, encargados de
velar por el cumplimiento de la
legalidad vigente –emanada de las Reales Cédulas, Reales Órdenes y Reales
Decretos dictadas durante los reinados comprendidos entre los Reyes Católicos y
Alfonso XIII-. Aunque con un muy importante quebranto: por “real decreto se
aprobó el 25 de mayo de 1825 y confirió [al Capitán General Francisco Dionisio]
Vives todo el lleno de las facultades que por reales ordenanzas se conceden a
gobernadores de plazas sitiadas”, lo que en la práctica significó la abolición
en Cuba de todos los derechos políticos, civiles y humanos, y que la única ley
era la voluntad del capitán general, quien podía, incluso, dejar sin efectos
reales cédulas. En virtud de ellas, el general Vives y sus sucesores
detuvieron, deportaron, desterraron, encarcelaron, despojaron de sus
propiedades y ejecutaron a su libre arbitrio. El régimen de facultades
omnímodas fue ratificado por Reales Ordenanzas del 21 y 26 de marzo de 1834, y
se mantuvo vigente hasta la Paz
del Zanjón el 10 de febrero de 1878” En
todos los textos constitucionales aprobados sucesivamente en España en 1837,
1845, 1869, 1870 y 1876 se introdujo y perpetuó la excepción de que “Las
provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales”.
Así, durante los últimos
tres cuartos de siglo de vida colonial, Cuba estuvo a merced del despotismo de
sus Capitanes Generales, verdaderos señores de horca y cuchillo.
Tras el cese de la
ocupación militar estadounidense de la
Isla , obrante entre 1898 y 1902 de conformidad con los
términos del Tratado de París –que puso fin a la Guerra
hispanonorteamericana-, Cuba alcanzó su independencia política. Durante los
ciento once años transcurridos desde entonces, la República disfrutó,
inicialmente, apenas de un primer cuarto de siglo de quehacer político
democrático, bajo la
Constitución aprobada por la Convención
Constituyente1929 a 1933 (la llamada
Prórroga de Poderes)-, seguido por un interregno de 1933 a 1940 –con gobiernos
manipulados o dirigidos en la sombra por el Jefe del Ejército, general
Fulgencio Batista-. La legalidad democrática fue reinstaurada con la
promulgación de la
Constitución de 1940 –fruto de otra Asamblea Constituyente
representativa de todos los partidos y corrientes políticas del momento-, e
interrumpida por el Golpe de Estado propinado el 10 de marzo de 1952 por el
general Batista, que permaneció en el Poder hasta el 31 de diciembre de 1958.
Del seno de la propia
“intelligentsia” comunista cubana han procedido en los últimos años los mayores
elogios hacia la
Constitución de 1940.
Así, Julio César Guanche,
Licenciado en Derecho y profesor adjunto de la Universidad de La Habana (nacido en La Habana en 1974), ha escrito que “La Constitución de 1940
consagra el nacionalismo reformista: la corta edad de oro del liberalismo
social y de su correspondiente modelo de democracia liberal. Resultado
conclusivo de una revolución popular (1930-1933) integrada por la vía populista
reformista (1936-1952) al sistema burgués, esa Carta Magna atendió la voluntad
popular como nunca antes en la historia republicana burguesa.
“Esa Carta Magna consagró
los principios de intervención gubernativa en la economía, la declaración del
subsuelo como propiedad estatal, la jornada de trabajo máximo de cuarenta y
cuatro horas semanales, las vacaciones retribuidas, la licencia por maternidad,
las pensiones y seguros, la protección al pequeño propietario rural, la
proscripción formal del latifundio y la restricción de la posesión de tierras
por extranjeros, la igualdad en el salario sin distinciones de género –ni de
estado civil en el ca de las mujeres-, la prohibición de disolver sindicatos
sin sentencia firme de la autoridad judicial y el derecho a la libre
sindicalización. La Constitución
instituyó la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes y
estableció el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales –como una Sala
del Tribunal Supremo-.
“El Estado cubano se dotó
con una estructura moderna y, hasta 1952, celebró elecciones cada cuatro años,
permitió la posibilidad de rotar en el poder a los partidos políticos y
proclamó a la
Constitución como reserva de la nación. Análoga a las que se
votaron en Europa de 1914 a
1918, y promulgada en la era que reconstruía el capitalismo –con la ideología
del Estado de bienestar- tras la tragedia de la Gran Depresiónla Constitución de 1940
significó un programa y una proyección para ‘las necesidades constructivas y
orgánicas del país’ ”.
Por otro lado, Julio
Fernández Bulté (1937-2008), Dr. en Ciencias y profesor de Mérito de la Universidad de La Habana , ha dejado escrito
que “…tanto o más importante…fue el contenido que asumió la Constitución del 40
en relación con los llamados derechos económicos, sociales y culturales. De hecho,
las constituciones anteriores habían recogido en su parte dogmática casi
exclusivamente derechos civiles y políticos…Es nuestra Constitución de 1940 la
que alcanza en América Latina un despliegue más amplio y consecuente de esos
derechos, engrosando los textos constitucionales modernos conocidos como
constituciones sociales. En ese sentido, reconoció el derecho de los obreros a
la huelga, declaró el trabajo como un derecho inalienable del hombre;
proscribió la discriminación racial, por motivo de sexo o color; declaró
protección especial a la familia y declaró la igualdad de la mujer; proscribió
el latifundio y estableció el propósito de que la tierra pasara a manos de
cubanos; se pronunció por la educación general y gratuita, por la salud pública
al alcance de todos y, además, ratificó derechos civiles y políticos como,
entre otros, que toda persona podría emitir libremente su pensamiento de
palabra, por escrito o por cualquier otro medio de expresión. Declaró el
sufragio universal, igualitario y secreto. Estableció importantes derechos
individuales y algunas garantías para su cumplimiento, entre ellas el hábeas
corpus constitucional. De hecho fue una Constitución democrático burguesa,
avanzada, progresista, la más avanzada de América en esos momentos”.
Esto no lo decimos
nosotros, ni siquiera citamos a juristas pretéritos o exiliados, sino a unos
destacados juristas al servicio del sistema comunista, el mismo que ha
atropellado los derechos humanos consagrados en aquella Constitución. Para que
se le prodiguen tantos encomios a la Constitución de 1940, algún mérito debió tener
ésta. A confesión de parte, relevo de prueba.
(i) Sumario –con ampliación de antecedentes- de la
disertación ofrecida, en el salón de actos de la Fundación HispanoRoberto Soto Santana ,
numerario de la Academia
de la Historia
de Cuba (Exilio) y Colegiado de Honor del Colegio de Abogados de La Habana (Exilio). Puede
verse la
Videoconferencia en http://www.hispanocubana.org/blog/
(ii) Como ha apuntado el malogrado jurista cubano
Pedro Fernando Entenza Escobar (1932-1969) en su obra “La Norma JurídicaLa
Habana , 1957 (por la que recibió el Premio “José Antolín del
Cueto” de 1957), “Con razón el Tribunal Supremo de Cuba ha declarado en su
Sentencia Nº2 del 1º de julio de 1934 (Jurisprudencia al Día,
Inconstitucionalidad, 1934, pág. 7) que “la Revolución produce un
estado de hecho que no se rige por el Derecho anterior, sino que,
desplazándolo, viene a crear un derecho nuevo, el cual es precisamente su
justificación”.
Aunque
este mismo autor precisa que “si bien es cierto que la valoración moral o
política del hecho revolucionario no afecta…al concepto lógico-formal del
Derecho, tampoco puede negarse que desde el punto de vista de los principios
jurídicos naturales, es insuficiente, para justificar una Revolución, su virtud
iurígena”.
Entenza
fue también finalista del Premio Planeta de 1968. Dada la condición de exiliado
asumida por el Dr. Entenza, resulta curioso que esta obra suya haya sido citada
por una profesora asistente del Departamento de Estudios Jurídicos Básicos de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana , la
Dra. Majelala Ley ”, publicado en el número
15 de diciembre de 2010 de la revista “Justicia y Derecho” (que puede verse en http://www.tsp.cu/sites/default/files/15JusticiaDerecho.pdf ).
Donde dice así: “Este real decreto se aprobó el 25 de
mayo de 1825 y confirió [al Capitán General Francisco Dionisio] Vives “todo el
lleno de las facultades que por reales ordenanzas se conceden a gobernadores de
plazas sitiadas”, lo que en la práctica significó la abolición en Cuba de todos
los derechos políticos, civiles y humanos, y que la única ley era la voluntad
del capitán general, quien podía, incluso dejar sin efectos reales cédulas. En
virtud de ellas, el general Vives y sus sucesores detuvieron, deportaron,
desterraron, encarcelaron, despojaron de sus propiedades y ejecutaron a su
libre arbitrio. El régimen de facultades omnímodas fue ratificado por Reales
Ordenanzas del 21 y 26 de marzo de 1834, y se mantuvo vigente hasta la Paz del Zanjón el 10 de
febrero de 1878” .
(iv) Le han
quedado muy a la zaga, en cuanto a duración, los regímenes de mano dura del
mexicano Porfirio Díaz, 41 años; del paraguayo Alfredo Stroessner, 35 años; y
del dominicano Rafael Leónidas Trujillo, 31 años.
(v) En
“Constitución, socialismo y república” (que puede verse en
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