sobre la NEUTRALIDAD IMPOSIBLE
de CUBA
(Origen y significado de
un corolario de Política Internacional)
Parte 1 de 4
El periodo presidencial del ex
general del Ejército Libertador Gerardo Machado y Morales concluyó legalmente
el 20 de mayo de 1929. Sin embargo, entre marzo y junio de 1927 los dos órganos
legislativos del Congreso (la
Cámara de Representantes y el Senado) habían aprobado una Ley
de Reforma de la entonces vigente Constitución de 1901 –la primera y única que
había tenido Cuba republicana-, por la cual se prohibía la reelección del
Presidente Machado cuando cumpliese diez años en el cargo o, lo que era lo
mismo, se avalaba su permanencia hasta el 20 de mayo de 1935.
Convocada por la Junta
Electoral Central la Convención Constituyente
que requería el Artículo 115 de la Constitución de 1901 para conocer de dicha
Reforma, la misma se reunió entre el 14 de abril y el 10 de mayo de 1928,
aprobando –entre otras- la enmienda del Artículo 62 de la Constitución , que
ampliaba de cuatro a seis años la duración del mandato presidencial –en efecto,
hasta el 20 de mayo de 1931: ésta fue la espuria maniobra conocida como la Prórroga de Poderes para
todos los cargos electivos, salvo el de Presidente, para el que se convocaron a
continuación las elecciones del 1 de noviembre de 1928, cuyo resultado fue el
de proclamar reelegido a Machado (sin posibilidad de nueva reelección) por seis
años más.
La algarada del 12 de agosto de 1933 dio finalmente al
traste con el régimen machadista. Tras el episódico paso por la presidencia –de
apenas veintidós días- de Carlos Manuel de Céspedes (homónimo de su progenitor
el Padre de la Patria
e ilustre insurrecto de La
Demajagua ), cuyo Decreto número 1298 de 24 de agosto de 1933,
firmado junto con el Secretario de Justicia e interino de Estado Carlos Hevia,
derogó la Reforma
de 1928 y devolvió toda su fuerza y vigor a la Constitución de
1901, a partir del golpe de Estado
cívico-militar del 4 de septiembre de 1933 se instauró el llamado Gobierno de
los cien días, que abarcó, primero, a la efímera Pentarquía o presidencia
colectiva ostentada por el catedrático universitario de Medicina Dr. Ramón Grau
San Martín), el banquero Porfirio Franca, el profesor universitario de Derecho
Dr. Guillermo Portela-Muller, el abogado Dr. José Miguel Irisarri, y el
periodista Sergio Carbó; y después, en solitario, al autoproclamado Presidente
Dr. Grau San Martín, quien renunció el 15 de enero de 1934, ante la enemiga
irresistible del coronel-jefe del Ejército Fulgencio Batista, del embajador
estadounidense Benjamín Sumner Welles (quien se esforzó incansablemente con el
Secretario de Estado de su país, Cordell Hull, y con el Presidente Roosevelt
para rehusar el reconocimiento a ese Gobierno ante el cual precisamente por esa
razón no estuvo acreditado nunca), de la organización antimachadista ABC, y de
la clase política que sobrevivió al machadato –que a continuación auparon a la
presidencia de facto al ex coronel del Ejército Libertador, Carlos Mendieta y
Montúfar-.
Parte 2
de 4
Todo este periodo crepuscular de la época plattista o
liminar en la Historia de la República se caracterizó por el acentuado
injerencismo de los sucesivos gobiernos de los EE.UU., con amparo formal en el
apéndice impuesto a la Constitución de 1901 (cuyo Artículo III estipulaba “Que
el Gobierno de Cuba consiente que los Estados Unidos pueden ejercitar el
derecho de intervenir para la conservación de la independencia cubana, el
mantenimiento de un Gobierno adecuado para la protección de vidas, propiedad y
libertad individual y para cumplir las obligaciones que, con respecto a Cuba,
han sido impuestas a los Estados Unidos por el Tratado de París y que deben
ahora ser asumidas y cumplidas por el Gobierno de Cuba”).
La expresión más próxima en el
tiempo de los intereses económicos cuya salvaguarda necesitaba de esa
injerencia foránea en los asuntos políticos cubanos estaba ejemplificado por
los privilegios monopolísticos otorgados por el Gobierno de Machado a la
Compañía Cubana de Electricidad, filial de la Electric Bond and Share Company,
y por el conflicto del Gobierno Grau San Martín con los inversores norteamericanos
interesados en la adquisición de propiedades de la también estadounidense Cuban
Sugar Cane Corporation, cuando aquél anunció su intención de que el Estado
ejerciese el derecho de tanteo respecto de una quincena de ingenios azucareros
que dicha compañía iba a ofrecer en pública subasta, ante el desplome del
precio internacional del azúcar y la resultante sobrecapitalización que padecía
la compañía en Cuba.
La proyección internacional del
Gobierno de los cien días, presidido por el Dr. Grau San Martín, fue emprendida
en dos grandes líneas de actuación: la proclamación del antiinjerencismo por la
Séptima Conferencia Internacional Americana –reunida en Montevideo, Uruguay,
del 3 al 26 de diciembre de 1933-, y la abrogación de la Enmienda Platt a la
Constitución cubana de 1901 (efectuada mediante Tratado negociado personalmente
con el Secretario de Estado Auxiliar Sumner Welles por el Dr. Manuel Márquez
Sterling, embajador en Washington, en estrecha consulta con el Dr. Cosme de la
Torriente, Secretario de Estado, y firmado el 29 de mayo de 1934).
Esos logros no tuvieron parangón en la diplomacia cubana
hasta la intervención decisiva -para la aprobación por la Asamblea General de
Naciones Unidas, en su tercer periodo de sesiones en 1948- del Dr. Ernesto
Dihigo como ponente del primer proyecto de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, y en la presentación a votación de su texto definitivo por el
Embajador Guy Pérez de Cisneros, quien también en el mismo año fue Relator del
Comité sobre Derechos y Deberes del Hombre de la Novena Conferencia
Internacional de la Unión Panamericana, que aprobó la Declaración Americana
sobre los Derechos y Deberes del Hombre.
En una declaración hecha pública el
23 de noviembre de 1933, el Presidente Franklin Delano Roosevelt manifestó que
“Durante los meses que han transcurrido desde la caída del Gobierno del
Presidente Machado, hemos seguido el transcurso de los acontecimientos en Cuba
con la más amistosa preocupación y con un persistente deseo de resultar de
ayuda al pueblo cubano.
“Debido a la excepcionalmente
cercana relación que ha existido entre nuestros dos pueblos desde la fundación
de la República de Cuba y en particular debido a los Tratados que existen entre
ambos países, el reconocimiento por parte de los EE.UU. a un Gobierno en Cuba
brinda –en una medida más que ordinaria- apoyo tanto material como moral a ese
Gobierno.
“Por
esta razón no nos ha parecido que sería una política de amistad y justicia
hacia el pueblo cubano en su conjunto brindarle reconocimiento a cualquier
Gobierno provisional en Cuba a menos que dicho Gobierno poseyese claramente el
apoyo y la aprobación del pueblo de esa República…Nosotros hemos estado
seriamente deseosos durante todo este periodo de mostrar mediante acciones
nuestra intención de abrir negociaciones para la revisión del acuerdo comercial
entre ambos países y para la modificación del Tratado Permanente entre los
Estados Unidos y Cuba…No se puede avanzar en esta dirección hasta que exista en
Cuba un Gobierno provisional que, a través del apoyo popular que suscite y la
cooperación general de la que disfrute, dé muestras de una genuina
estabilidad…Como ya ha sido oficialmente declarado, el Gobierno de los Estados
Unidos no alberga parcialidad ni prejuicio contra ninguna facción o individuo
en Cuba. Dará la bienvenida a cualquier Gobierno provisional en Cuba al cual el
pueblo cubano demuestre su confianza…El Embajador Welles regresará a La Habana
en los próximos días. Tal como se ha anunciado, al término de su misión, que
ocurrirá en el futuro cercano, regresará a Washington a reasumir sus tareas
anteriores como Secretario de Estado Auxiliar, y será reemplazado por el Sr.
Jefferson Caffery, que ahora funge como Secretario de Estado Auxiliar”. Es
decir, el Gobierno de los EE.UU. rehusaba reconocer al Gobierno del Dr. Grau
San Martín y, no obstante, mandaba a un alto funcionario del Servicio Exterior
a relevar a otro ex alto cargo en el sillón de Embajador de los EE.UU. en un
país vecino y amigo, pero sin acreditarlo ante el Gobierno de éste. Éste fue el
resultado de las consejas de Sumner Welles, quien el 10 de septiembre -el mismo
día de la proclamación de Grau como Presidente- escribía a su jefe Cordell Hull
que Grau era “por completo intratable” y “en extremo radical”, y al día siguiente
remitía otro informe a su Departamento de Estado en el que pedía una
declaración oficial respecto a que los EE.UU. no reconocerían como “legítimo y
constitucional” a ningún Gobierno en Cuba a menos que demostrase contar con el
respaldo de la mayoría del pueblo cubano.
Parte 3
de 4
En este clima de hostilidad -ya que el Gobierno de Grau
sólo era reconocido por Uruguay, Perú, Panamá, México y España-, el Secretario
de Estado de Cuba recibe la invitación de la Cancillería uruguaya, en carta de
2 de agosto de 1933, para asistir, junto a sus colegas de todas las otras
repúblicas americanas (es decir, los Ministros de Relaciones Exteriores), a la
Séptima Conferencia Internacional de la Unión Panamericana, a celebrarse en
Montevideo del 3 al 26 de diciembre de ese mismo año.
A comienzos de noviembre de 1933, el Presidente Grau
designó una primera delegación, pronto sustituida por otra a raíz de la
sublevación fallida del día 8 de ese mes contra su Gobierno, y finalmente
asistieron en representación de Cuba, como embajadores plenipotenciarios a
aquel cónclave interamericano, el Dr. Herminio Portell Vilá, profesor de
Historia de la Facultad de Letras y Ciencias de la Universidad de La Habana; el
Dr. Angel Alberto Giraudy, ex Ministro del Trabajo –quien presidía la
delegación-; y el Ingeniero Alfredo E. Nogueira y Herrera, acompañados en
calidad de secretarios por dos miembros del ya disuelto Directorio Estudiantil
Revolucionario de 1930, Juan Antonio Rubio Padilla y Carlos Prío Socarrás.
En el Artículo 3 de la Convención de Derechos y Deberes de
los Estados, que recogía la ponencia presentada por el Dr. Portell Vilá y que
fue adoptada en su sesión del 22 de diciembre de 1933 por la Asamblea Plenaria
de la conferencia por unanimidad, incluido el voto favorable de la delegación
estadounidense expresado por boca de su presidente el Secretario de Estado
Cordell Hull, se plasmaba que “La existencia política del Estado es
independiente de su reconocimiento por los demás Estados. Aun antes de
reconocido el Estado, tiene el derecho de defender su integridad e
independencia, proveer a su conservación y prosperidad y, por consiguiente, de
organizarse como mejor lo entendiere, legislar sobre sus intereses, administrar
sus servicios y determinar la jurisdicción y competencia de sus tribunales”. El
Artículo 4 remachaba que “Los Estados son jurídicamente iguales, disfrutan de
iguales derechos y tienen igual capacidad para ejercitarlos. Los derechos de
cada uno no dependen del poder de que disponga para asegurar su ejercicio, sino
del simple hecho de su existencia como persona de Derecho Internacional”. El
Artículo 5 proclamaba que “Los derechos fundamentales de los Estados no son
susceptibles de ser afectados en forma alguna”. El Artículo 8 declaraba que
“Ningún Estado tiene derecho de intervenir en los asuntos internos ni en los
externos de otro”. Y, finalmente, el Artículo 11 establecía que “Los Estados contratantes
consagran en definitiva, como norma de conducta, la obligación precisa de no
reconocer las adquisiciones territoriales o de ventajas especiales que se
realicen por la fuerza, ya sea que ésta consista en el uso de armas, en
representaciones diplomáticas conminatorias o en cualquier otro medio de
coacción efectiva. El territorio de los Estados es inviolable y no puede ser
objeto de ocupaciones militares ni de otras medidas de fuerza impuestas por
otro Estado ni directa ni indirectamente, ni por motivo alguno, ni aún de
manera temporal”.
Diez años antes, como delegado de
las Escuelas Pías de Cárdenas, el todavía estudiante de la Facultad de Derecho
Herminio Portell Vilá había participado en el Primer Congreso Nacional de
Estudiantes, ante el que presentó una iniciativa encaminada a la denuncia
unilateral por parte de Cuba del Tratado Permanente entre Cuba y los EE.UU.,
firmado el 22 de mayo de 1903 y que reproducía al pie de la letra el apéndice a
la Constitución de 1901 conocido como Enmienda Platt, validando el derecho de
intervención de los EE.UU. en los asuntos internos de Cuba.
La moción de Portell Vilá en aquel
congreso estudiantil, ahora con firme apoyo en la convención panamericana sobre
los derechos y deberes de los Estados (ya que los efectos limitadores de la
soberanía cubana que imponía la Enmienda Platt quedaban rechazados por esta
novel doctrina interamericana), se abría paso definitivamente hacia la
repudiación formal del injerencista Apéndice Constitucional, aunque todavía
tuviesen que pasar otros cinco meses hasta que el Tratado de Relaciones de 29
de mayo de 1934 modificase el Tratado de 1903 y quedara abrogada la Enmienda
Platt iuris y de iure.
Cierto que la gloria de certificar
la defunción de la Enmienda Platt, y con ello la instauración del principio de
no intervención en las relaciones entre Cuba y los EE.UU., correspondió a
Manuel Márquez Sterling y a Cosme de la Torriente, pero las tareas seminales de
Herminio Portell Vilá en el Primer Congreso Nacional de Estudiantes (1923) y en
la VII Conferencia Internacional de la Unión Panamericana (1933) constituyeron
sus antecedentes necesarios.
Precisamente el día antes del
señalado para la votación -en la Comisión de Derecho Internacional de la VII
Conferencia Internacional de la Unión Panamericana- de la Convención sobre los
derechos y deberes de los Estados mantuvieron Portell Vilá y Cordell Hull, a
solicitud de este último, una entrevista, en la que el Secretario de Estado y
presidente de la delegación norteamericana anunció que el nuevo embajador
Caffery (que carecía de toda acreditación, ya que su gobierno seguía y seguiría
negando el reconocimiento al gobierno del Dr. Grau) haría una investigación
preliminar de la situación en Cuba, que la Enmienda Platt sería abrogada, y que
se modificaría el Tratado de Reciprocidad. El Dr. Portell Vilá replicó que “lo
que realmente los Estados Unidos debían realizar es reconocer para después
tratar y no investigar para después reconocer…La oportunidad que tengo, de
acuerdo con mis instrucciones, para precisar a nombre de Cuba una actitud
contraria a la legitimidad de la Enmienda Platt y del Tratado Permanente, yo no
la hipoteco por promesa alguna”.
En su discurso del día siguiente (19
de diciembre de 1933) ante el pleno de la Comisión, el Dr. Portell Vilá
presentó el caso de Cuba “…frente a las fuerzas imperialistas de los Estados
Unidos que le impusieron un régimen de relaciones injusto utilizando al efecto
la coacción militar y las peores artes diplomáticas en ese quinquenio terrible
de 1898-1903”, reafirmando que “la Enmienda Platt tiene el vicio de la
coacción; fue impuesta a Cuba por las bayonetas de los Estados Unidos y por eso
Cuba es y será siempre contraria a la Enmienda Platt”.
Parte 4
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Veinticinco años después, a comienzos de 1959, Portell Vilá
escribió en la revista habanera BOHEMIA un largo ensayo sobre La Neutralidad
Imposible, en el que planteó que “Cuba no puede pretender la NEUTRALIDAD
imposible en una guerra de los Estados Unidos con potencias
extracontinentales…No hay nación en el mundo que pueda considerarse neutral en
una guerra, si tiene la posición geográfica que Cuba y si los Estados Unidos
son uno de los beligerantes. Nuestro país es un trampolín natural para atacar a
los Estados Unidos…CUBA ES LA ALIADA NATURAL DE LOS ESTADOS UNIDOS EN CASO DE
GUERRA PORQUE EN ELLO LE VA LA VIDA A
CUBA…La alianza ha sido y debe seguir invariable, sin embargo, porque le
conviene a Cuba. ¡Que nunca haya quien pueda derrotar a los Estados Unidos
porque esa victoria significaría el fin de Cuba Libre!”
Como materialización de esa previsión,
esa consideración geopolítica fue el norte de la intervención soviética en Cuba
a partir de 1960, un episodio más de la Guerra Fría cuyas ascuas todavía no se
han apagado y que comenzó en febrero de 1945 en la reunión de Churchill,
Roosevelt y Stalin en Yalta (Crimea). Y sigue siendo el norte de Rusia hoy en
día, en sus intentos incesantes de penetración en América central y meridional,
y la cuenca del Caribe. Ese norte ha consistido y sigue consistiendo en el
establecimiento de regímenes satélites a través de los cuales subvertir el
orden político, económico y social consagrado en el preámbulo de la Carta de la
Organización de Estados Americanos (OEA), que dice que “la misión histórica de
América es ofrecer al hombre una tierra de libertad y un ámbito favorable para
el desarrollo de su personalidad y la realización de sus justas aspiraciones”;
que “la democracia representativa es condición indispensable para la
estabilidad, la paz y el desarrollo de la región”; que “el sentido genuino de
la solidaridad americana y de la buena vecindad no puede ser otro que el de
consolidar en este Continente, dentro del marco de las instituciones
democráticas, un régimen de libertad individual y de justicia social, fundado
en el respeto de los derechos esenciales del hombre”; y que “la organización
jurídica es una condición necesaria para la seguridad y la paz, fundadas en el
orden moral y en la justicia”.
El epítome de las actuaciones y las prédicas del Dr.
Portell Vilá a lo largo de toda una vida de ejercicio de funciones públicas –en
la cátedra, en el Foro, en la prensa, en la investigación, en las reuniones
internacionales en representación de Cuba- nos deja el ejemplo y la
enseñanza de un sabio que supo, a la vez
que hacer un importante aporte cívico a la sociedad civil a la que pertenecía,
destilar en la Historia de Cuba el papel, la importancia y las querencias de
sus personalidades protagonistas, identificar las concausas y consecuencias de
los acontecimientos, a la vez que analizar el peso del pasado y los intereses
colectivos de la Nación cubana, con especial ahínco en sus relaciones
internacionales y en particular con los EE.UU. de América, trabajando para que
los vínculos de Cuba con los EE.UU. fueran de estrecha amistad y colaboración y
se desenvolvieran en un plano de igualdad, equilibrio y mutuo beneficio.
Al fatalismo geográfico de la Doctrina Monroe, a la
Doctrina del Destino Manifiesto (alegorizada por John Gast en una pintura de
los años setenta del siglo XIX sobre la marcha al Oeste del continente norteamericano),
y al Corolario Roosevelt de 1904, Portell Vilá tuvo la visión, el coraje y la
virtud de oponer el antiinjerencismo y la dignidad en las relaciones
internacionales de Cuba, la neutralidad imposible y la alianza con los EE.UU.
ante un ataque extracontinental (propensión política natural que el régimen
castrocomunista viró de revés al convertirse en punta de lanza de la URSS,
comenzando por dar lugar a la Crisis de los Cohetes de 1962 y continuando con
sus aventuras militares y fomento de la subversión guerrillera en todo el
mundo), y la necesidad de la probidad en la vida pública.
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